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Caso Almendralejo - ¿Cómo debe actuar el centro educativo?

1. Antecedentes del caso

Seguro que ya conocéis el caso de las fotografías de desnudos de niñas manipuladas y generadas con inteligencia artificial. Se trata de un caso que ha conmocionado a todos por igual, debido a las edades tanto de víctimas como de verdugos y al método utilizado.

De momento, 21 niñas menores de edad han sufrido la utilización de su imagen para generar contenidos sexuales a través de una Inteligencia Artificial llamada “ClothOff”. Este hecho delictivo ha sido cometido por otros 26 niños menores de edad. Entre ellos se encuentran tanto aquellos que crearon las imágenes como los que las guardaron o difundieron a terceros por grupos de WhatsApp y/o Telegram, ignorando o desconociendo las consecuencias físicas, emocionales, psicológicas y legales que pueden derivarse de sus actos. Aún puede aumentar el número de víctimas y el de presuntos agresores, ya que hoy mismo (3 de octubre) se han presentado nueve denuncias más.

Estas niñas han sido víctimas de un deepfake creado por sus propios compañeros de instituto, usando sus fotos de WhatsApp o redes sociales. Al tratarse de menores de edad nos encontramos ante la creación de pornografía infantil (pese a que no sean fotos reales), además de haber atentado contra los derechos de intimidad e imagen de las víctimas. Cuando una niña o adolescente se ve envuelta en esta situación en la que utilizan tu cara y tu imagen de semejante manera puede tener consecuencias a largo y corto plazo; traumas psicológicos, miedo, vergüenza, ciberacoso escolar, sentimiento de culpa… Lo que se traduce en un daño irreparable.

A continuación, se analizarán una serie de cuestiones que entendemos importantes para evitar estas situaciones en el futuro, o por lo menos, detectarlas antes de que sea demasiado tarde y comprender la vulnerabilidad de los menores ante las nuevas tecnologías.

2. Coordinador del bienestar y centro educativo: ¿Qué deberían haber hecho?

Recordamos que la Ley Orgánica 8/2021 de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI) establece la obligatoriedad de que todos los centros educativos que cuenten con estudiantes menores de edad designen un Coordinador o Coordinadora de bienestar y protección del alumnado.  

La función principal del Coordinador o Coordinadora de bienestar y protección del alumnado es velar por el bienestar y la protección de los estudiantes dentro del ámbito escolar. Esto implica promover un entorno seguro, prevenir situaciones de violencia y abuso, así como responder de manera adecuada en caso de detectar situaciones de riesgo o violencia que puedan afectar a los alumnos. Esta figura es fundamental para garantizar la protección integral de la infancia y la adolescencia en los centros educativos, promoviendo un ambiente seguro, respetuoso y libre de violencia.  

Como parte de su labor, y centrándonos en el caso que nos ocupa, que es el uso delictivo de las nuevas tecnologías y el deepfake, el coordinador de bienestar de este centro educativo debería, como medidas de prevención y detección: 

  • Identificarse ante los alumnos y alumnas como referente para ayudar en casos de abuso y/o violencia. 
  • Promover planes de formación, dirigidos tanto a todo el personal que trabaja en los centros como al alumnado para evitar situaciones de abuso y violencia como esta. Además de coordinarse con las asociaciones de madre y padres de alumnos para promover la formación también entre los progenitores y tutores legales.  
  • Fomentar promover medidas que aseguren al máximo el bienestar para los niños y adolescente, así como la cultura del buen trato e informar sobre los protocolos en materia de prevención y protección de cualquier forma de violencia.  
  • Coordinar con la dirección del centro educativo el plan de convivencia.  

Por otro lado, una vez descubierta la situación que pone en peligro el bienestar de los menores, la obligación de esta figura es denunciar las fotografías en cuestión, así como el posible ciberacoso o ciberbullying por el canal prioritario de la AEPD, así como a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado.  

Este canal prioritario sirve para solicitar la retirada de contenido sexual o violento publicado en internet sin el consentimiento de las personas que aparecen en ellos. Pueden acudir a este canal tanto el afectado como cualquier persona que tenga conocimiento de la difusión de este tipo de contenidos. 

Cuando ocurren estas situaciones, además de intentar educar y promover los valores nombrados, también pueden dar lugar a responsabilidades disciplinarias en el centro educativo: imponiendo medidas correctivas que abarcan desde la amonestación verbal o apercibimiento escrito hasta la suspensión de la asistencia al centro o la expulsión definitiva del alumno.  

En adición a todo lo expuesto, también tiene un papel importante dentro del centro educativo la junta directiva y el conocido Plan de Convivencia, donde se recogerán los códigos de conducta consensuados entre el profesorado que ejerce funciones de tutor/a, los equipos docentes y el alumnado ante situaciones de acoso escolar o ante cualquier otra situación que afecte a la convivencia en el centro educativo, con independencia de si estas se producen en el propio centro educativo o si se producen, o continúan, a través de las tecnologías de la información y de la comunicación.  

3. Investigación AEPD.

Cabe recordar que los datos de carácter personal son cualquier información relativa a una persona física viva identificada o identificable, y una cara ES un dato personal. Además, es un dato personal de un colectivo de especial protección, como son los menores de edad. 

La AEPD, como máxima autoridad de protección de datos en España, ha abierto de oficio una investigación sobre lo acontecido en Almendralejo, dado que evidentemente se ha vulnerado la normativa de protección de datos española (Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales). 

Hay que señalar que, una vez termine la investigación y dependiendo de las edades de los presuntos autores, padres, madres o tutores legales pueden llegar a tener que responder económicamente por las infracciones administrativas y conductas delictivas de sus hijos e hijas menores de edad, así como por los daños y perjuicios materiales y morales causados. Esa multa puede ir desde los 5.000 hasta los 10.000 euros, sin perjuicio del resto de responsabilidades civiles y penales en las que puedan incurrir.  

4. Responsabilidades.

Como venimos anunciando, los menores, presuntos autores de estos hechos delictivos se enfrentan a cargos de pornografía infantil, contra los derechos de imagen e intimidad, así como contra la integridad moral de las víctimas. Dependerá del Ministerio Fiscal y de las pesquisas de la Policía las acusaciones y condenas definitivas. No obstante, podemos tener en cuenta lo siguiente:  

1. Centro educativo. 

Los centros escolares responden como responsables civiles subsidiarios. Es decir, deben reparar el daño e indemnizar económicamente por los perjuicios causados por el caso de ciberbullying. 

Esta responsabilidad se establece en el artículo 1903 de nuestro Código Civil: 

“Las personas o entidades que sean titulares de un centro docente de enseñanza no superior responderán por los daños y perjuicios que causen sus alumnos menores de edad durante los períodos de tiempo en que los mismos se hallen bajo el control o vigilancia del profesorado del centro, desarrollando actividades escolares o extraescolares y complementarias […]”. 

No obstante, si el centro escolar actuó con la debida diligencia, activando y siguiendo todos los mecanismos de control y prevención necesarios para evitar y/o remediar la situación, de manera que se demuestre que actuaron sin negligencias en la vigilancia del alumnado pueden ser exonerados de su responsabilidad. 

2. Padres, madres y tutores legales. 

Los tutores legales de los autores siempre serán responsables subsidiarios de las responsabilidades que se generen por los actos que causen perjuicio, ya sean civiles o penales. Además de la nombrada responsabilidad administrativa que se ha generado por incumplir la normativa de protección de datos que está investigando la AEPD.  

Cabe recordar que los padres, madres y tutores legales son los máximos responsables de la educación y los actos de sus hijos, con lo que es muy importante una efectiva mediación y control parental de los contenidos a los que tienen acceso para evitar futuros accidentes digitales. 

3. Menores. 

En cuanto a responsabilidad penal; hay que dividir entre aquellos menores de edad que no sobrepasan los 14 años, que son inimputables y cuya pena será directamente decidida por la Fiscalía, y aquellos que aún siendo menores de edad sobrepasan los 14 años, quienes SÍ son imputables y ostentan responsabilidad penal. 

Dada la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, ninguno de ellos irá a la cárcel, sino que se les impondrán medidas correctivas, que en virtud del artículo 7 de dicha ley pueden ir desde una mera reprensión hasta trabajos en beneficio de la comunidad, seguimiento de cursos, terapias ocupacionales y, en los casos más graves, hasta 8 años de internamiento en centros de menores.  

Por otro lado, también pueden incurrir en responsabilidad civil por los daños morales y perjuicios causados a las víctimas. Además de la responsabilidad administrativa que se puede generar por las infracciones en materia de protección de datos.